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El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py pospuso para el próximo lunes el veredicto que estaba previsto para este viernes en el juicio oral por el desvío de fondos públicos del programa de construcción de viviendas «Sueños Compartidos» de las Madres de Plaza de Mayo. En la causa están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la decisión de postergar la sentencia responde a la complejidad del caso. «Hay demasiada documentación que chequear para tomar una decisión», explicó una de las fuentes consultadas.
Este viernes comenzaron las últimas palabras de los nueve acusados ante los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. José López, desde la cárcel federal de Ezeiza; Julio De Vido, en prisión domiciliaria; Pablo Schoklender; y el ex funcionario Abel Fatala optaron por no hablar.
En cambio, Sergio Schoklender se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien calificó de «loca». “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver. Pero sí es importante que con la defensa de mis abogados y todo lo que se demostró aquí, no importa el resultado sino que quedó registrado el valor para esas miles y miles de familias que tuvieron la oportunidad de cambiar sus vidas gracias a ese proyecto de obra pública intachable”, afirmó.
La referencia aludida remite a la declaración de Cristina Kirchner en el juicio oral por el caso Vialidad, donde dijo que la historia la absolvería y fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pena que cumple en prisión domiciliaria.
Para el próximo lunes están previstas las últimas palabras del ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif; la ex funcionaria de Jefatura de Gabinete de esa provincia, Silvia Nasif; y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin. Posteriormente, los jueces anunciarán el horario del veredicto.
El juicio oral comenzó en marzo pasado y, tras seis meses de debate, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron que todos los acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada por ser cometida contra la administración pública, con penas que van de cuatro a seis años de prisión. Para aquellos que fueron funcionarios se pidió también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía y la UIF reclamaron seis años de prisión para los hermanos Schoklender, De Vido, López y Abel Fatala, y cuatro años para el resto de los acusados. Además, solicitaron el decomiso de bienes por 206 millones de pesos —monto del dinero desviado a valores de entonces—, a actualizar por inflación al momento en que la condena quede firme. El fiscal propuso que esos fondos se asignen a programas de viviendas sociales.
Por su parte, las defensas pidieron la absolución de sus representados y argumentaron, entre otras cuestiones, que la causa está prescripta.
Los hermanos Schoklender eran apoderados de «Sueños Compartidos», el programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que construía viviendas sociales. Junto con los ex funcionarios, están acusados del desvío de 206 millones de pesos, de los cerca de 900 millones que entre 2008 y 2011 el gobierno de Cristina Kirchner destinó a ese fin.
El programa se implementó en distintos municipios y provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Hebe de Bonafini, entonces titular de Madres de Plaza de Mayo, fue enviada a juicio oral y falleció en 2022.
Sin embargo, muchas de las viviendas nunca se construyeron, y los empleados que trabajaban en el proyecto no recibieron sus salarios ni se les efectuaron los aportes correspondientes. El caso cuenta con un segundo tramo por presunto lavado de dinero, ya que se investiga que parte de los fondos desviados habría sido canalizada hacia empresas a nombre de los hermanos Schoklender.
«Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el Estado nacional, en connivencia con los responsables del proyecto ‘Misión Sueños Compartidos’ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio como Pablo Schoklender, en su calidad de apoderados, se adjudicaron mediante contrataciones directas obra pública para la construcción de viviendas sociales y hospitales en distintas provincias afines al gobierno nacional de esos años», afirmó el fiscal Velasco en su pedido de condenas.
